El 14 de septiembre, durante el cruce de la frontera en Grecia, fue detenido el ciudadano ucraniano y veterano de la ATO Oleksandr Radkévich.
Posteriormente se supo que Radkévich había sido detenido a petición de Lituania, donde Oleksandr fue condenado en ausencia en el llamado caso «13 de enero». Se trata de los sucesos de 1991, cuando el poder soviético, tras introducir tropas en Lituania, intentó por la fuerza devolver el país a la URSS.
Entonces, durante el asalto militar a la torre de televisión de Vilna, murieron 15 personas.
En marzo de 2019, el Tribunal de Distrito de Vilna condenó a 67 personas por cometer crímenes de guerra durante los sucesos de enero de 1991.
La defensora de derechos humanos señala que esta es precisamente la sentencia por la que fueron condenados a 10 años el exministro de Defensa de la URSS, Dmitri Yázov, y el antiguo oficial de la KGB Mijaíl Golovaty.
Pero entre los condenados también figuraba el ciudadano ucraniano Oleksandr Radkévich, que en aquel periodo servía en la 107.ª División de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas de la URSS y que el 11 de enero de 1991 fue nombrado conductor-mecánico de un tanque que se encontraba junto a la Casa de la Prensa en Vilna, por la que se libró una sangrienta batalla.
Oleksandr no conocía la sentencia, aunque colaboró voluntariamente con la investigación y en 2014 fue interrogado como testigo por la Fiscalía de Ucrania en el marco de la asistencia jurídica internacional que Ucrania prestaba a Lituania.
Posteriormente, Oleksandr pasó de testigo a acusado. A Radkévich se le acusa de «graves crímenes de guerra» (asesinato, trato inhumano, uso de métodos de guerra prohibidos) en realidad solo por haber estado en Vilna en enero de 1991 como militar del ejército soviético, señaló la abogada.
Al mismo tiempo, las acciones de Radkévich no causaron daño a nadie, como se ve claramente en la propia sentencia.
Olga Reshetílova
defensora de derechos humanosEse enfoque de la justicia es absolutamente inadmisible. Por una amarga ironía del destino, el proceso judicial en Vilna transcurría en paralelo al despliegue de la agresión armada de Rusia contra Ucrania. En Lituania, el tribunal estudiaba cómo Oleksandr fue llevado a Vilna contra su voluntad, donde, junto con otros militares, se vio obligado a estar del lado del agresor; en Ucrania se repelía una nueva agresión armada de Rusia, mientras Oleksandr, en lugar de comparecer ante el tribunal de un país ajeno, empuñaba un arma para defender el suyo propio.
El 20 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, confirmó que Lituania emitió una orden europea de detención contra Radkévich y ahora pide a Grecia que entregue al ciudadano ucraniano para cumplir la condena.
Actualmente, la Unión Helsinki de Ucrania por los Derechos Humanos (UHSDH) —en el marco del proyecto «Unión de esfuerzos de los sectores público y estatal por una justicia equitativa para los defensores de Ucrania» — ha contratado a tres abogados que están en contacto con juristas griegos para recurrir la decisión del tribunal griego de extraditar a Oleksandr a Lituania.
Se señala que «es muy probable que no sea en favor del veterano ucraniano» —en Lituania, la decisión del tribunal ya tiene fuerza de ley.
Como se sabe, tras la detención, el abogado de Radkévich designado por Lituania recurrió la sentencia ante el tribunal de apelación, pero fue rechazado. Los abogados contratados por la UHSDH estudian la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además de Oleksandr, esta sentencia condena a al menos otros 10 ciudadanos ucranianos.
Olga Reshetílova
Se convirtieron involuntariamente en participantes de la intervención armada de Moscú en Lituania, nuestro país amigo, al encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Quizá, teniendo en cuenta las relaciones de amistad, la historia trágica común de ambos países y la visión compartida de los retos de seguridad, Ucrania y Lituania podrían llegar a un entendimiento común de que los ciudadanos ucranianos condenados por Lituania se han convertido en rehenes de las circunstancias, como lo fueron ambos países de la Unión Soviética.
Asimismo, la defensora de derechos humanos pide al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, que plantee esta cuestión en el marco del Triángulo de Lublin, y que una decisión favorable a Oleksandr Radkévich y a otros ciudadanos ucranianos «sería una muestra de la eficacia de este formato y un testimonio de la visión común tanto del pasado como del futuro de nuestros países».