Los ciudadanos se han dividido en dos grupos. Unos exigen que se respeten sus derechos constitucionales y que las restricciones se introduzcan mediante un procedimiento legal. Otros justifican que el poder actúe al margen de los procedimientos por una situación crítica.
Los primeros — ciudadanos. Los segundos — personas.
En el segundo caso no hay nada malo en tener miedo y, por ese propio miedo, permitir que el Estado vulnere y restrinja los derechos y libertades de todos o de determinados ciudadanos por síntomas, creencias religiosas o nacionalidad.
Incluso se puede tolerar un genocidio contra determinados grupos o pueblos. Al fin y al cabo, ¿qué son la Constitución y los derechos humanos cuando se trata — por fin, por primera vez en 28 años — de la salud y la vida de los ciudadanos? Nada. Primero curemos, y luego ya empezaremos a respetar la Constitución, si no ocurre otra cosa.
En el primer caso resulta agradable sentir que la dignidad que llevas dentro es más fuerte que el miedo. Es poco práctico, romántico, aventurero, tonto, agradable y, por supuesto, egoísta. Solo un egoísta enamorado de sí mismo puede permitirse la dignidad, criticar las acciones del Estado y del poder y defender sus derechos.
Un ciudadano al que no le importa que en su país, por sus exigencias legítimas, puedan morir personas que no quieren morir y que aceptan vivir en una situación crítica sin derechos ni libertades. Y no hace falta la pomposa tontería de que donde empiezan las «personas» termina el «ser humano».
Bromeo, sí hace falta. Porque primero cambiamos el derecho al voto por un plato de alforfón y luego la dignidad por cobardía. Y en el primer caso y en el segundo, a nuestras espaldas está el mismo diablo, que nos susurra: «¡Tranquilo! De todos modos, ellos lo decidirán todo sin ti. Simplemente saca el máximo provecho de esta situación».
El máximo, unos gramos, o quizá incluso dos kilos.