Pandemia de COVID-19 en el mundo como circunstancia de incumplimiento de las obligaciones contractuales

A principios de febrero de 2020, las pérdidas causadas por el coronavirus ascendían a unos 800 000 millones de euros; el 10 de marzo de ese mismo año, a nueve billones de euros.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 pandemia mundial, puesto que la enfermedad, que tres meses antes aún era desconocida para las autoridades sanitarias mundiales, se había extendido con rapidez a más de 121 000 personas en Asia, Europa, Oriente Medio y varias zonas de Estados Unidos.

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus se reflejan, directa o indirectamente, en todos los sectores de la economía. Esto se observa especialmente allí donde las partes contratantes habían firmado un contrato a largo plazo antes del brote de la epidemia en China.

En una situación así, las partes desean saber qué prevé el contrato en caso de que se produzcan tales circunstancias. Desde el punto de vista de la legislación ucraniana, existen 3 mecanismos jurídicos que pueden aplicarse para regular las relaciones contractuales en una situación de pandemia:

1. Fuerza mayor o caso fortuito (art. 218 del Código de Comercio de Ucrania, art. 617 del Código Civil de Ucrania).
2. Imposibilidad de cumplir las obligaciones (art. 607 del Código Civil de Ucrania).
   
3. Cambio sustancial de las circunstancias (art. 652 del Código Civil de Ucrania).
   

Proponemos centrar la atención en el mecanismo más extendido, a saber, la circunstancia de fuerza mayor.

La definición de fuerza mayor figura en la Ley de Ucrania «Sobre las cámaras de comercio e industria de Ucrania».

De acuerdo con la parte 2 del artículo 141 de dicha ley, las circunstancias de fuerza mayor (circunstancias de caso fortuito) son las circunstancias extraordinarias e inevitables que hacen objetivamente imposible el cumplimiento de las obligaciones previstas en las condiciones del contrato (convenio, acuerdo, etc.) o de las obligaciones conforme a los actos legislativos y otros actos normativos, a saber: la amenaza de guerra, el conflicto armado o la grave amenaza de tal conflicto, incluidos, entre otros, los ataques enemigos, bloqueos, embargo militar, acciones de un enemigo extranjero, movilización militar general, operaciones militares, guerra declarada o no declarada, acciones de un enemigo público, disturbios, actos de terrorismo, sabotajes, piratería, desórdenes, invasión, bloqueo, revolución, motín, insurrección, disturbios masivos, imposición de toque de queda, expropiación, requisa forzosa, toma de empresas, requisición, manifestación pública, bloqueo, huelga, accidente, acciones ilícitas de terceros, incendio, explosión, interrupciones prolongadas del transporte reguladas por las condiciones de las decisiones correspondientes y los actos de los órganos del poder estatal, cierre de estrechos marítimos, embargo, prohibición (restricción) de exportación o importación, etc., así como las causadas por condiciones meteorológicas excepcionales y calamidades naturales, a saber: epidemia, tormenta fuerte, ciclón, huracán, tornado, temporal, inundación, acumulación de nieve, hielo, granizo, heladas, congelación del mar, de los estrechos, puertos o pasos de montaña, terremoto, rayo, incendio, sequía, hundimiento y desprendimiento de tierra, otras calamidades naturales, etc.

También pueden ser reconocidas como circunstancias de fuerza mayor aquellas que no figuran en la lista de la Ley de Ucrania «Sobre las cámaras de comercio e industria de Ucrania» (en adelante, el reglamento de la CCI de Ucrania), pero que cumplen los criterios de circunstancias de fuerza mayor según lo dispuesto en el punto 6.9 del reglamento de la CCI de Ucrania, no contradicen la legislación de Ucrania y han sido acordadas por las partes en el contrato, convenio o acuerdo como circunstancias que las eximen de responsabilidad civil.

El punto 6.9 del reglamento de la CCI de Ucrania establece una serie de requisitos para los documentos que una parte de las relaciones contractuales presenta para obtener el certificado de circunstancias de fuerza mayor. Deben acreditar:

• el carácter extraordinario de tales circunstancias (tienen carácter excepcional y se encuentran fuera del control de las partes);
• la imprevisibilidad de las circunstancias (su aparición o consecuencias no podían preverse, en particular en el momento de celebrar el contrato correspondiente, antes del vencimiento de la obligación o antes de que surgiera el deber correspondiente);
  
• la inevitabilidad (insuperabilidad) de las circunstancias (inevitabilidad del hecho o hechos y/o de sus consecuencias);
  
• la relación de causalidad entre la circunstancia o el hecho y la imposibilidad de que el solicitante cumpla sus obligaciones concretas (en virtud del contrato, convenio, acuerdo, ley, acto normativo, acto de los órganos de autogobierno local, etc.).
  

En cuanto a la certificación de las circunstancias de fuerza mayor, el procedimiento para certificar dichas circunstancias (circunstancias de caso fortuito) está claramente establecido por la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania.

Para certificar una circunstancia de fuerza mayor, el sujeto económico debe presentar una solicitud (personalmente, el director de la persona jurídica o un apoderado con poder) según el modelo establecido por la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania. Además, a la solicitud se adjunta un conjunto separado de documentos (copias de contratos, actas de entrega-recepción, acuerdos adicionales, etc.).

Tras la presentación de la solicitud y de todos los documentos necesarios, esta se examina en un plazo de siete días hábiles desde la fecha en que el sujeto de actividad económica la presenta, y en un plazo de veintiún días hábiles desde la fecha en que la presenta una persona física. Durante el examen de los documentos y de la solicitud, el representante de la CCI verifica la existencia de circunstancias de fuerza mayor, analiza además los documentos adicionales y, en el resultado final (si se cumplen todos los requisitos), expide el Certificado de la CCI sobre la existencia de circunstancias de fuerza mayor.