Negocio del juego: legalización, fracaso de la derogación de la prohibición, propietarios y otros detalles

Te contamos qué está pasando con los juegos de azar en Ucrania.

Tras la fallida votación para legalizar el negocio del juego en Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski, junto con el Gobierno en funciones encabezado por el primer ministro Oleksi Honcharuk declararon la guerra a las salas de juego.

Analizamos qué ocurrió, qué proyecto de ley querían aprobar Zelenski y el partido «Servidor del Pueblo», y cómo funciona el negocio del juego en otros países.

Cuándo y por qué se prohibió el negocio del juego en Ucrania

Tras el incendio en una sala de juego de Dnipró en mayo de 2009, en el que murieron 10 personas, se decidió prohibir el negocio del juego en Ucrania. El Parlamento aprobó la ley que prohibía la actividad de juego y la participación en juegos de azar con 340 votos. Antes de esta decisión, en el país funcionaban miles de establecimientos de juego.

En la nota explicativa de la ley se señala que su aprobación se debe al rápido crecimiento del número de sujetos y objetos del negocio del juego. Además, se agravó la situación delictiva en estos establecimientos y aumentó el número de delitos relacionados con la adicción al juego.

Por qué quieren levantar la prohibición

En los últimos 10 años, en la Rada Suprema de Ucrania se han registrado decenas de nuevos proyectos de ley que, de una u otra forma, devuelven la legalidad al negocio del juego. Se esperaba que la prohibición fuera levantada por el parlamento anterior, pero no ocurrió.

En 2014, durante la presentación del presupuesto estatal, se planteó la idea de anular la prohibición del negocio del juego. Entonces el primer ministro Arseni Yatseniuk afirmó que el Estado solo saldría ganando con ello. Según sus palabras, la anulación de la prohibición aportaría al tesoro público 1.200 millones de dólares al año.

También apoyó levantar la prohibición la ministra de Finanzas (2014-2016), Natalia Yaresko, que estimó los ingresos estatales del negocio del juego en 5.000 millones de grivnas al año. Y hace algunos años, el ministro del Interior Arsen Avákov calculó que los ingresos de los casinos ilegales ascendían a 1.500 millones de grivnas.

La principal razón para levantar la prohibición fue la existencia de un negocio del juego ilegal. En pocas palabras: existe a pesar de las prohibiciones, así que ¿por qué no legalizarlo el Estado y empezar a recibir aportaciones al presupuesto?

Qué ocurre ahora

El actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto con su partido «Servidor del Pueblo», llevaba tiempo hablando de la necesidad de legalizar el negocio del juego. El presidente encargó a la Rada Suprema aprobar la ley correspondiente antes del 1 de diciembre de 2019.

El presidente de la Rada, Dmitró Razumkov, propuso preparar el proyecto de ley para una nueva consideración, lo que apoyaron 243 diputados. Y al día siguiente el Gabinete de Ministros votó a favor de prohibir la distribución de loterías bajo las condiciones de la licencia, lo que excluyó la posibilidad de distribuir el negocio del juego en esa forma.

Además, el primer ministro Alexéi Honcharuk encargó a la policía y a los inspectores fiscales que se ocuparan de las salas de juego. El ministro del Interior Arsen Avákov ordenó cerrar todos los establecimientos de juego antes de las 16:00 del viernes 20 de diciembre. El presidente Zelenski dijo que saben «quién está detrás de esto».

Además, la policía cerró cerca de 5.300 establecimientos de juego, y «Parimatch» y «Favorit Sport» dejaron de funcionar. Por ahora se desconoce si reanudarán su actividad. Algunos locales donde antes había salas de juego ya se han puesto a la venta en internet.

Qué propone el proyecto de ley fallido 

Para la dirección y la gestión se planeaba crear un organismo especial, la Comisión para el Desarrollo y la Regulación de los Juegos de Azar, formada por 7 personas designadas por el Gabinete de Ministros.

Además, según el proyecto de ley, se planeaba crear un Fondo de apoyo a la medicina, el deporte y la cultura, al que llegarían fondos de los pagos de licencia de los establecimientos de juego.

El dinero se planeaba destinar al desarrollo de la asistencia médica, a la subida de salarios del personal sanitario, a la construcción de nuevos hospitales, al apoyo al deporte y a eventos que promuevan un estilo de vida saludable, así como a la creación de bibliotecas, museos, teatros, espacios de coworking y la celebración de conciertos.

A quién pertenecen las salas de juego

Todos los establecimientos del mercado ucraniano de juegos de azar funcionan con licencias de 3 empresas:

1. Lotería Nacional de Ucrania (UNL): 100% de inversiones extranjeras, beneficiario final, el británico Michael Foggo.
2. MSL: 99,96% de las inversiones pertenece a la empresa chipriota Evolot Limited; el 0,04% restante pertenece al presidente de la compañía, Gueorgui Lozhenko.
3. Patriot: 100% de las inversiones pertenece a la empresa chipriota Cehriba Investments Limited.

El volumen del mercado se estima en mil millones de euros.

Cómo funciona el negocio del juego en otros países 

El negocio del juego está legalizado parcial o totalmente en muchos países del mundo. A menudo esto se hace para aumentar los ingresos del presupuesto estatal, atraer turistas y crear nuevos puestos de trabajo.

Por ejemplo, en Mónaco los juegos de azar están permitidos solo para extranjeros. Los casinos locales ingresan unos 210 millones de euros al año, y el negocio del juego es una de las principales fuentes de ingresos del Estado, lo que permite a los residentes no pagar impuestos.

China ha permitido el negocio del juego solo en la provincia de Macao, lo que aporta al Estado unos 37.500 millones de dólares al año.

Una de las leyes más progresistas sobre la regulación de los juegos de azar está vigente en el Reino Unido. Despenaliza el sector, limita el acceso de los menores y garantiza la honestidad y la transparencia de las operaciones financieras.

Hoy en el Reino Unido funcionan 154 casinos, 3 hipódromos, 8 casas de apuestas y 9 agencias de «Bingo!». Esto aporta al Estado más de 10.000 millones de dólares al año y crea más de 200.000 puestos de trabajo.