O el Estado frena al Tribunal Constitucional o el Tribunal Constitucional frena al Estado

Les contaré una historia personal.

Durante mucho tiempo me dediqué a desenmascarar la corrupción de un alto cargo policial, el subdirector de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Shevtsov, cuya familia adquirió de repente el derecho de propiedad sobre 600 metros cuadrados de inmuebles comerciales de élite en la calle Shota Rustaveli, en el centro de la capital. Descubrí que ese inmueble había sido objeto de un proceso penal que investigaba la dirección de Shevtsov, y que el hecho de que ocultara esa propiedad en su declaración era una prueba adicional de intención.

Los resultados de mi trabajo despertaron el interés de la NABU, que abrió contra Shevtsov un proceso penal por presentar información falsa en su declaración. Pero recientemente los detectives de la Oficina, en lugar de presentar una acusación, se vieron obligados a cerrar el caso, porque nuestro Tribunal Constitucional, para protegerse de la responsabilidad penal, acabó con la declaración como componente básico de la política anticorrupción estatal. Al mismo tiempo, los jueces del Tribunal Constitucional libraron de responsabilidad a multitud de corruptos, entre ellos el mencionado Shevtsov, y ahora me veo obligado a perseguirlo casi desde cero.

Casos así suman cientos, y, lo principal, no existe ninguna garantía de que el Tribunal Constitucional no vuelva a dar un golpe contra la anticorrupción en el futuro. Por eso la restauración de la declaración es solo la punta del iceberg, y por tanto hay que resolver el problema de forma integral.

Simplemente devolver la responsabilidad penal a los «shevtsov» que estaban sujetos a ella antes de la decisión del Tribunal Constitucional ya es imposible, porque este la anuló al declararla inconstitucional. Y pese a que incluso la Comisión de Venecia reconoció que los jueces del Tribunal Constitucional tomaron una decisión infundada, con violación del procedimiento y en condiciones de conflicto de intereses, esa decisión no puede anularse, pues es definitiva y no es recurrible.

En un Estado ideal, esos jueces se habrían marchado hace tiempo por voluntad propia, pero eso ocurre en un Estado ideal. A nuestros jueces, quitarse la toga no se lo permiten ni la falta de conciencia ni los conglomerados político-empresariales para los que trabajan.

Es evidente que el parlamento restablecerá la responsabilidad por la declaración falsa, pero, de nuevo, todos los que cometieron el delito antes de la decisión del Tribunal Constitucional eludirán esa responsabilidad. Además, esa decisión del parlamento no resuelve el problema de los jueces que, protegiendo su patrimonio, destruyeron el sistema estatal en su conjunto, y no nos pone a salvo de su arbitrariedad en el futuro.

Dicho más sencillamente, o el Estado detiene a esta composición del Tribunal Constitucional, o esta detendrá al Estado.