El 16 de enero de 2020, en una cárcel egipcia, murió Mustafa Kasem, ciudadano estadounidense de origen egipcio, tras 16 meses en huelga de hambre. Había sido detenido en El Cairo en 2013. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca aguda.
Su corazón no resistió la huelga de hambre seca que duró la última semana, y su organismo estaba agotado tras más de 500 días de hambre parcial, que había iniciado en protesta contra su condena de septiembre de 2018. Según los médicos, se encontró mal, fue trasladado a un hospital local y allí falleció. Además de la huelga, la diabetes que padecía antes supuso una carga adicional para la salud de Kasem.
La muerte de Kasem provocó una fuerte reacción de la opinión pública estadounidense y de una parte del establishment político, que exigen ahora castigar a Egipto porque en sus cárceles mueren ciudadanos estadounidenses. Además, activistas liberales y defensores de los derechos humanos piden a Washington que imponga sanciones a su aliado egipcio en Oriente Medio si no libera a otros estadounidenses que permanecen en cárceles egipcias y no los entrega a Estados Unidos.
Mustafa Kasem, estadounidense de origen egipcio de 54 años, era natural de El Cairo. Vivía con su mujer y sus dos hijos en la pequeña localidad estadounidense de Bethpage (unos 16.000 habitantes), cerca de Nueva York, y trabajaba como taxista y vendiendo recambios de automóvil. La mayoría de sus familiares seguían en El Cairo, por lo que los visitaba a menudo. Su detención en 2013 se produjo precisamente durante una de esas visitas.
Mustafa Kasem y su primo fueron detenidos por las fuerzas de seguridad egipcias el 14 de agosto de 2013, cerca de la plaza de Rabaa al-Adauiya, en el centro de El Cairo, durante la sangrienta dispersión por parte de los militares de una sentada de miembros de un movimiento islamista local, en la que murieron entre 600 y 1.500 personas.
Las autoridades oficiales acusaron a Kasem de «espionaje y participación en disturbios masivos y manifestaciones antigubernamentales con el objetivo de derrocar el orden constitucional legítimo». El propio Kasem lo negó todo, y su abogado sostuvo que simplemente había salido de casa al centro comercial más cercano, situado en esa misma plaza, para sacar dinero de un cajero y comprar comida. Esta misma versión la confirmó el primo de Kasem, que tras la detención fue liberado, a diferencia de Mustafa.
Pese a la detención, las acusaciones oficiales no se formularon con prisa. Estuvo unos cinco años en prisión preventiva. Solo el 9 de septiembre de 2018, el Tribunal Penal de El Cairo condenó al estadounidense a 15 años de prisión. Su caso formó parte de uno de los juicios más grandes y mediáticos de Egipto, el relativo a las protestas masivas en la plaza de Rabaa al-Adauiya. Fueron juzgadas 739 personas, entre ellas Mustafa Kasem. En ese proceso, 75 fueron condenados a muerte, incluidos líderes de los islamistas egipcios del movimiento «Hermanos Musulmanes».
Tras la sentencia de septiembre de 2018, Mustafa Kasem inició una huelga de hambre exigiendo su liberación. No reconoció su culpa y escribió una carta oficial al presidente de EE. UU., Donald Trump, y al vicepresidente, Mike Pence, pidiéndoles que influyeran en el Gobierno egipcio para que lo pusiera en libertad.
En 2011, una revolución derrocó al presidente Hosni Mubarak, que llevaba casi 30 años en el cargo. En las primeras elecciones democráticas del país, lo sucedió el presidente Mohamed Morsi, candidato del Partido de los Hermanos Musulmanes, popular entre una parte de los egipcios. Su mandato fue un fracaso: las reformas fueron fallidas y precipitadas, y su rumbo drástico hacia la islamización de las regiones laicas de Egipto provocó rechazo y descontento entre la población urbana. Muy pronto estallaron nuevas protestas contra el nuevo presidente.
En medio de nuevos disturbios masivos en la capital, la cúpula militar egipcia apoyó las protestas y dio un golpe de Estado, destituyendo a Mohamed Morsi como presidente y deteniéndolo. Inmediatamente después comenzaron las protestas de sus partidarios y detractores, se produjeron enfrentamientos entre ellos en las grandes ciudades, y reinaron la anarquía y los disturbios. Los militares declararon de inmediato terroristas a los miembros del movimiento islamista «Hermanos Musulmanes», les atribuyeron la culpa del caos en las calles y comenzaron a reprimir por la fuerza sus manifestaciones.
La sentada en la plaza de Rabaa al-Adauiya, junto a la mezquita del mismo nombre, que era el epicentro de la concentración de los «Hermanos Musulmanes», fue una de las mayores movilizaciones en apoyo del presidente depuesto Morsi. Tras varias advertencias, los militares llevaron a cabo una operación para dispersar la protesta, lo que supuso la matanza de personas más grande de la historia reciente de Egipto. Justo en medio de la dispersión de las manifestaciones, Mustafa Kasem fue detenido, golpeado y enviado a prisión preventiva.
Tras la represión de las protestas y la detención de los líderes de los «Hermanos Musulmanes», el nuevo presidente de Egipto fue el entonces ministro de Defensa que había dirigido el golpe, el general Abdel Fattah al-Sisi, quien sigue gobernando el país con el apoyo de socios externos: Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos.
Nadie conoce la cifra exacta. Más bien, no se da a conocer oficialmente en público. Algunos funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. hablan en conversaciones privadas de «varios» presos. Según las palabras del senador demócrata por Connecticut Christopher Murphy, en las cárceles egipcias hay seis ciudadanos estadounidenses. Y si hay que creer el informe de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch, entre los más de 60.000 presos políticos de Egipto hay unos 20 ciudadanos de EE. UU.
En julio de 2019, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en una carta de respuesta al Grupo de Trabajo sobre Egipto del centro Carnegie reconoció la presencia de ciudadanos estadounidenses en las cárceles egipcias, señalando que «la seguridad y la salud de los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, incluidos los presos en cárceles, siguen siendo para mí la máxima prioridad».
Anteriormente se habían registrado al menos cuatro casos similares a la detención de Mustafa Kasem. En 2017, la administración de Donald Trump logró acordar con el Gobierno egipcio la liberación de Aya Hijazi, activista de derechos humanos estadounidense-egipcia y trabajadora de una organización benéfica, que había sido detenida por supuestamente apoyar a los «Hermanos Musulmanes». En 2018, fue liberado otro preso estadounidense, Ahmad Etivi, de 27 años, que había pasado cinco años en una cárcel egipcia. También fue detenido en la plaza de Rabaa al-Adauiya en agosto de 2013, y en septiembre de 2018 fue condenado en el mismo caso que Kasem.
Otros dos estadounidenses detenidos por los egipcios en 2013-2014, de los que se sabe, nunca salieron de la cárcel. El conductor de limusinas de Nueva York Khaled Hassan fue detenido en 2013 en las mismas circunstancias que Kasem. Durante su encarcelamiento, según informes de organizaciones de derechos humanos, fue golpeado en varias ocasiones, violado y torturado con una pistola eléctrica. Las autoridades egipcias sospechan que Hassan participó en manifestaciones antigubernamentales del lado de los «Hermanos Musulmanes». Él niega las acusaciones. El año pasado intentó suicidarse en su celda. Y en 2019 fue arrestada la profesora de Pensilvania, también de origen egipcio, Reem Mohamed Desuki.

Las cárceles egipcias y las condiciones de los presos son objeto de críticas desde hace muchos años por parte de una parte importante del público liberal occidental y de organizaciones de derechos humanos. En el último mes, han muerto cinco personas en cárceles de Egipto, incluido Mustafa Kasem. Según la opinión de los defensores de los derechos humanos, las autoridades egipcias torturan a los presos, les niegan atención médica y provocan deliberadamente la muerte.
Una de las más tristemente célebres es la prisión de máxima seguridad de «Tora», situada en un suburbio sur de El Cairo. Allí estuvo recluido Mustafa Kasem. También están allí todos los miembros del movimiento islamista «Hermanos Musulmanes» y sus líderes. Tras la reciente y resonante muerte del expresidente Mohamed Morsi, El Cairo oficial se vio obligado a abrir la prisión a los inspectores de la ONU bajo presión internacional. La muerte de Morsi también se produjo por un infarto, en un contexto de rápido deterioro de su salud en prisión. Según sus abogados y familiares, había dañado gravemente su salud por el trato inadecuado de la dirección del centro y por la negativa a proporcionarle tratamiento. Las autoridades egipcias lo rechazan todo, señalando que el expresidente ya tenía problemas cardíacos.
Porque no quieren estropear sus relaciones con Egipto. Este país es aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, con una relación estratégica. El presidente Donald Trump mantiene buenas relaciones personales con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. En una ocasión, bromeó llamándolo «mi dictador favorito».
Egipto es uno de los mayores receptores de ayuda financiera exterior de Estados Unidos. Cada año, Washington destina al país 1.200 millones de dólares en asistencia militar y técnica. Entre 1948 y 2011, Estados Unidos destinó a Egipto solo en ayuda financiera 71.000 millones de dólares. Y tras la firma del tratado de paz entre Egipto e Israel en 1979, El Cairo recibió otros 19.000 millones de dólares en ayuda militar de Washington y otros 30.000 millones de dólares para proyectos económicos.
Además, Egipto tiene una importante relevancia geoestratégica para la política estadounidense en la encrucijada de Oriente Medio y África. Los egipcios cooperan activamente con los estadounidenses en la lucha contra el terrorismo y en la seguridad regional. Desempeñan un papel clave en la contención de diversos grupos extremistas en la península del Sinaí, así como de los contrabandistas procedentes del sector palestino de la Franja de Gaza, lo cual es muy importante para la seguridad de las fronteras de Israel. Por último, Egipto es un cliente importante e interesante de muchas empresas armamentísticas estadounidenses, que a menudo le compra armas y munición, en particular un escuadrón entero de aviones F-16. Eso sí, los egipcios no desdeñan cooperar con otros países en compras de defensa, lo que a veces irrita a la Casa Blanca.
Egipto es aliado de Israel. En los últimos años, tras el descubrimiento de nuevos yacimientos de gas frente a sus costas, ambos países han compartido un interés energético: desarrollar los yacimientos de gas y exportar conjuntamente el gas a Europa, construyendo la infraestructura correspondiente con el apoyo de EE. UU. Está claro que, ante proyectos regionales de tal envergadura, los estadounidenses no tienen especial interés en estropear las relaciones con El Cairo por uno o varios presos.
Todos estos intereses suelen prevalecer en los cálculos políticos de la administración Trump sobre los problemas de derechos humanos que se vulneran en Egipto. Y solo bajo una fuerte presión internacional o interna Washington accede a plantear la liberación de determinados ciudadanos de la cárcel. Sí hubo intentos de liberar a Mustafa Kasem. Si hay que creer las palabras del vicepresidente Mike Pence, él planteó este asunto personalmente en varias conversaciones con el presidente Al-Sisi. Pero por alguna razón el caso nunca avanzó.
Cabe señalar, en justicia, que esta cínica cooperación entre Egipto y EE. UU. en el marco de la «Realpolitik» también caracterizó a la administración anterior de Barack Obama. Tras un breve período en el verano de 2013, en que el equipo de Obama fingió no apoyar y condenar el golpe militar en Egipto, acabaron descongelando la ayuda militar a Egipto y reconocieron al presidente Abdel Fattah al-Sisi. Y apenas un par de semanas después del golpe, el entonces secretario de Estado John Kerry incluso salió en defensa de los militares egipcios y afirmó que «en cierto modo, están reviviendo la democracia».
Por supuesto, hubo también algunos políticos estadounidenses que criticaron a Egipto y a su dirección, y pidieron activamente la liberación de presos políticos estadounidenses. Entre esos «halcones» estaban los senadores republicanos John McCain y Marco Rubio. Todavía en la época de Obama intentaron congelar la ayuda militar y económica a Egipto como respuesta al golpe de 2013 y a las masivas detenciones de dirigentes y activistas de la oposición. Aun así, Rubio y McCain eran «ovejas negras» entre los demás republicanos en cuestiones de la relación entre EE. UU. y Egipto.

Si la muerte de Mustafa Kasem provoca suficiente repercusión social y política y aumenta la presión sobre la administración Trump, EE. UU. tiene varias palancas de influencia sobre El Cairo que podría utilizar.
La primera y más evidente es congelar la ayuda militar y económica, desde pequeños paquetes de 185 millones de dólares (destinados a las fuerzas de seguridad internas de Egipto) hasta el programa de apoyo militar y técnico de 1.200 millones de dólares, como hizo en su momento Barack Obama, aunque solo fuera por un tiempo.
La segunda, las sanciones personales en el marco de la Ley Magnitski global, una ley especial que permite a Estados Unidos imponer sanciones a personas concretas por violaciones de los derechos humanos. Actualmente, estas sanciones se aplican a líderes políticos de Venezuela, Siria, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Estas sanciones implican el bloqueo de cuentas y activos de estas personas en territorio estadounidense y la prohibición de entrar en Estados Unidos.
La tercera, el apoyo público a investigaciones internacionales con participación de la ONU y de defensores de los derechos humanos que deseen inspeccionar las cárceles egipcias y estudiar el trato a los presos. Estados Unidos puede desempeñar un papel clave en la presión sobre El Cairo para que abra el acceso a estas instituciones y, de ese modo, obligue a los egipcios a «jugar según las reglas».
Hasta ahora, la reacción de EE. UU. ante la muerte de Mustafa Kasem ha sido contenida. El secretario de Estado Mike Pompeo expresó preocupación por esta tragedia y afirmó que trabajará con la dirección de Egipto sobre este asunto. El congresista demócrata Patrick Leahy responsabilizó de la muerte de Kasem al presidente de Egipto y pidió imponer sanciones contra El Cairo. Sin embargo, el resto de políticos, por ahora, no dice nada y prefiere no plantear este asunto en público.