El 23 de julio, la mayor empresa ucraniana especializada en la extracción de gas, la sociedad anónima Ukrgazdobycha, anunció un concurso para la eliminación del lodo de perforación de cinco torres de perforación que utiliza la compañía. El valor declarado del concurso asciende a más de 186 millones de grivnas. El lodo de perforación es un residuo natural del proceso de perforación, que externamente tiene la apariencia de una masa parecida al kéfir y pertenece a la clase de peligrosidad IV, y su eliminación es una necesidad del proceso productivo.
Sin embargo, a diferencia del concurso anterior, el actual no contempla el procesamiento ni la eliminación del lodo de perforación ni su conversión en materia prima secundaria. El lodo se eliminará según el principio «cargar — transportar»: es decir, el contratista cargará los residuos en camiones y los llevará «a donde sea» y donde «no pongan muchas objeciones». Así, según la documentación abierta del concurso, el director de uno de los vertederos de residuos domésticos ya se ha dirigido a la empresa de eliminación para proponerle depositar el lodo en el vertedero de residuos sólidos domésticos.

Esto contradice directamente las normas europeas e incluso los proyectos de leyes ucranianos sobre gestión de residuos, impulsados por diputados de la facción presidencial. Si los residuos de perforación llegan a los vertederos domésticos o a campos comunes, esto podría acabar en una catástrofe ecológica.
Los participantes del mercado ya califican las condiciones del concurso de «extrañas» y discriminatorias. En el pliego técnico figura una gran cantidad de documentos que no son necesarios, pero cuya obtención requiere tiempo. Por ejemplo, diversos certificados ISO. También causa sorpresa el requisito de que las empresas tengan una licencia para la gestión de residuos peligrosos, teniendo en cuenta que el lodo de perforación, según el clasificador estatal, pertenece a la categoría amarilla (categoría de peligrosidad IV) y no se considera como tal.
«Se tiene la sensación de que los requisitos del concurso se han redactado para empresas concretas», comenta uno de los participantes en el concurso, que pide mantenerse en el anonimato. No es de extrañar: anteriormente, TK Media contó cómo las fuerzas de seguridad están «limpiando» el mercado abriendo procesos penales contra empresas ecológicas. Según los expertos, la causa de los asaltos penales es garantizar una ventaja a las empresas «de la Fiscalía».
En el material anterior hablamos de los empresarios ucranianos Ihor Vysochyn («ECO-FORS») y Gleb Ryzhov («ECOTEK-OIL»), los primeros en Ucrania en proponer una tecnología de procesamiento de lodo de perforación de autoría propia mediante «piscinas filtrantes». Gracias a la introducción de tecnologías progresistas, la empresa conquistó con bastante rapidez el mercado de eliminación de residuos y obtuvo contratos de empresas de perforación, pero recibió... procesos penales, registros, medidas cautelares y operaciones de máscaras. En la empresa están convencidos de que los encargaron competidores desleales que perdieron pedidos por falta de tecnología y de competitividad. Mientras el cofundador de la compañía que propuso la solución ecológica se ve obligado a defenderse en los tribunales y sus empleados acuden a interrogatorios, el mercado regresa al pasado y el lodo de perforación volverá a arrojarse en vertederos y a enterrarse en las plantaciones forestales.
La redacción de TK Media ha estudiado documentos, dictámenes periciales, ha hablado con expertos y en este material ha seguido analizando cómo se «amañó» el caso contra la empresa «ECO-FORS».
El 23 de junio de 2020, el Tribunal de Distrito de Pechersk obligó a la Oficina Estatal de Investigaciones (GBR) a abrir un proceso penal contra el fiscal de la OGP Oleksandr Pidlisnyi por la posible introducción de registros falsos en la sospecha contra Ihor Vysochyn, cofundador de «ECO-FORS». Dos semanas después, el 15 de julio, un investigador de la GBR introdujo los datos en el ERDR, cumpliendo la resolución judicial, y abrió el proceso. No obstante, la investigación de los posibles abusos del fiscal se encomendó a un investigador que forma parte del grupo de investigación dirigido por ese mismo fiscal en el marco de la persecución penal contra la empresa «ECO-FORS», lo que constituye un evidente conflicto de intereses.
Según sostiene la defensa, el fiscal de la Oficina del Fiscal General Oleksandr Pidlisnyi basó la sospecha en el dictamen de una pericial judicial que analizó muestras de una torre de perforación en la que la compañía en realidad no había realizado trabajos, y, tras ser descubierta la falsificación, modificó «retroactivamente» con su propia resolución el objeto de la pericial judicial.
La persecución penal contra la empresa «ECO-FORS» dura ya un año y medio, y la posible falsificación de documentos no es la única mancha oscura en la posición de la acusación. El propio proceso penal se abrió a raíz de una denuncia de un «testaferro» desempleado (persona interpuesta, — nota de la redacción), y en año y medio la Fiscalía no ha avanzado ni un paso hacia la conclusión de la investigación. Parece que llevar el caso a los tribunales no es el objetivo final de los agentes del orden. Al contrario, estos parecen interesados en prolongar la instrucción preliminar para utilizar las facultades y los instrumentos de la investigación con el fin de presionar a la empresa, cuenta la defensa, — las posibilidades de realizar registros, interrogatorios, incautaciones, detenciones, imponer medidas cautelares y bloquear la actividad económica de la empresa.
Durante este tiempo, la Fiscalía ha cambiado de posición tres veces: primero el caso se investigó por el artículo de «apropiación de bienes», después la calificación se cambió a «estafa». No obstante, pese a que la sospecha de estafa presupone la existencia de una víctima, — en el caso no hay víctima, «Ukrgazdobycha» no se considera como tal y así lo ha comunicado oficialmente a la investigación. A pesar de ello, la investigación continúa.
El 18 de agosto, el fiscal Pidlisnyi vuelve a cambiar la sospecha y atribuye a Ihor Vysochyn otro artículo más. Esta vez, el artículo 236 del CPU — «Incumplimiento de las normas de seguridad ecológica». Y eso que Vysochyn ni siquiera es sujeto de este artículo, sin mencionar la ausencia de la parte objetiva del delito. Según los acusadores públicos, la actividad de la empresa ha provocado la contaminación del medio ambiente, aunque ese mismo día, 18 de agosto, se realizó en los vertederos de la compañía una inspección no planificada por parte de la Inspección Ecológica Estatal del Distrito Central, iniciada por la propia empresa «Eco-Fors». La inspección no detectó contaminación ambiental. Los inspectores levantaron el acta correspondiente. Ante la pregunta de quién tomó las muestras la vez anterior, cuando durante la inspección estuvo presente el fiscal, los empleados de la Inspección Ecológica explicaron que las muestras les fueron entregadas por un empleado de la Oficina Estatal de Investigaciones. Sin embargo, según la ley, las muestras deben ser tomadas por especialistas del perfil correspondiente.
Estas y otras incoherencias e irregularidades en la investigación pueden llevar a pensar que la Fiscalía no está interesada en establecer la verdad en este asunto, al contrario, hace todo lo posible por «ajustar» los materiales al objetivo del proceso y desacreditar a los empresarios ucranianos. Y estas sospechas no carecen de fundamento, pues la presión sobre la empresa no se limita desde hace tiempo a la persecución penal.
Incluso antes de la aparición de los «hombres de negro» en la puerta de las casas y de la oficina de la empresa, esta se enfrentó a una campaña informativa de descrédito en la red. Así, en internet apareció un sitio web llamado InfoNews, que se presenta como medio de comunicación y empezó a publicar una serie de materiales negativos contra la empresa. La propietaria y redactora jefe del medio figura como Maryna Zhukovyna, quien posteriormente participó personalmente en los registros de los vertederos de la compañía. Los materiales del sitio se presentaban como «investigaciones periodísticas», aunque no se parecen a materiales periodísticos: las publicaciones tienen carácter valorativo y presentan rasgos de «publicidad encubierta» (material pagado). La naturaleza comercial de las publicaciones también la indica su intensa campaña publicitaria. Así, las publicaciones del sitio InfoNews sobre la empresa «ECO-FORS» se promocionan en la página web por dinero. Curiosamente, las demás noticias y materiales del sitio no se promocionan por dinero.
Según los abogados de Vysochyn, el fiscal Pidlisnyi afirmó que la activista incluso asesora a la investigación en el proceso penal. La propia Zhukovyna, según se dice, firmó una petición conjunta con el fiscal Pidlisnyi para privar a «ECO-FORS» de su licencia. También llama la atención que el sitio InfoNews publica sistemáticamente «materiales operativos» facilitados por las fuerzas de seguridad (por ejemplo, fotos sin retocar de los registros), que los activistas fueron admitidos a participar en el registro del vertedero y que el propio sitio da las gracias a los agentes del orden por su trabajo.
El sitio web no tiene publicidad, por lo que se trata de un proyecto subvencionado con una fuente de financiación desconocida.
Ihor Vysochyn facilitó a la publicación capturas de pantalla de correspondencia, presuntamente con la activista Maryna Zhukovyna, en la que esta afirma supuestamente que las investigaciones contra el empresario son un «proyecto». La redacción estudió el original de la correspondencia desde el soporte original y comprobó el número de teléfono desde el que se enviaron los mensajes. Según nuestra información, el número pertenece a Zhukovyna.



Confirma la naturaleza comercial de la persecución de los empresarios ecológicos también el hecho de que, unos días después de la publicación de la entrevista con Ihor Vysochyn y Gleb Ryzhov en el sitio de TK Media, llegó a la redacción una carta con la propuesta de retirar el material a cambio de dinero o de afrontar una demanda judicial. Por tanto, alguien estaba dispuesto a gastar dinero para que «ECO-FORS» no fuera escuchada.
El objetivo de la campaña de descrédito, en conjunto, es convertir en «tóxicos» a los empresarios para sus clientes, colegas, participantes del mercado y funcionarios públicos, crear la imagen de «personas con problemas», aunque estos problemas se hayan inventado por completo. Para ello, por ejemplo, también se envían «cartas de la felicidad» al Ministerio de Ecología, al Concejo Municipal de Kremenchuk y a la Dirección de la Inspección Ecológica. Pero ¿es todo tan evidente?
La presunción de inocencia es un derecho que nos garantiza la Constitución y que dice que una persona se considera inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. Nadie está obligado a demostrar su inocencia; al contrario, la recopilación de pruebas de culpabilidad corresponde a los investigadores y fiscales. Sin embargo, las realidades del proceso penal pueden diferir de las bonitas fórmulas escritas en la ley fundamental del país. Los investigadores y fiscales deben analizar los procesos penales de manera objetiva e imparcial, pero ¿qué pasa si ya saben de antemano qué resultado quieren obtener? Discutir con agentes de las fuerzas de seguridad comprometidos es como hablar con una pared. Precisamente por eso «Eco-Fors» tuvo que tomar la iniciativa y buscar formas de demostrar su inocencia. Los empresarios decidieron que no tenían nada que ocultar y, por ello, se dirigieron a peritos judiciales independientes pidiéndoles que comprobaran su propio vertedero.
A finales de agosto se obtuvieron los resultados de la pericial, y la redacción de TK Media logró consultar el dictamen del experto. El perito judicial, que posee la acreditación correspondiente y asume responsabilidad penal por sus valoraciones, llegó a una conclusión inequívoca: no se detectó ningún hundimiento de las pantallas de aislamiento de las estructuras de hormigón, como tampoco se hallaron incumplimientos de la integridad del sellado de los depósitos de hormigón. Esta pericial destruye por completo los fundamentos de la acusación contra los empresarios y confirma documentalmente que las acusaciones de «contaminación ambiental» pueden ser, en el mejor de los casos, un intento de desprestigiar a la empresa en interés de terceros.
A la misma conclusión llegaron también los académicos de la NAMNU, especialistas del Instituto de Salud Pública O.M. Morzeev, tras estudiar el dictamen de los peritos. Tras examinar atentamente los materiales, los científicos están convencidos de que las conclusiones de la pericial encargada por la Fiscalía no tienen fundamento suficiente y en gran medida no son en absoluto ciertas, pues los peritos no recibieron ningún documento que demostrara la implicación de «Eco-Fors» en el incumplimiento de las normas de seguridad ecológica. Tras estudiar detalladamente los datos técnicos, los académicos concluyen que en las áreas especializadas de «Eco-Fors» se pueden depositar con seguridad residuos de las clases de peligrosidad III y IV. Los periodistas de TK Media también se familiarizaron por escrito con la opinión de los expertos del Instituto.
«No se ha demostrado el hecho de contaminación de la parcela durante la explotación del área especializada ni por parte de «ECO-FORS» ni por parte de otras personas. El importe de los daños [atribuidos] es infundado», resumen los académicos en el dictamen.
En agosto de 2020, varios diputados del pueblo se dirigieron a la fiscal general Iryna Venediktova para pedirle que prestara atención a los indicios de encargo en las acciones de sus subordinados en la persecución penal de empresarios ecológicos. Ahora la palabra la tiene la fiscal general.
Polina Demídova, especialmente para TK Media